La corte suprema se sumerge en un escándalo racial: la defensa de haití se aferra a la discriminación
La corte suprema se tambaleó peligrosamente cerca de un desastre ético este jueves, al permitir la eliminación del estatus de protección temporal (TPS) para los migrantes haitianos, un acto que, según expertos, revela una profunda y preocupante discriminación racial.
Alito y sotomayor: un choque de visiones y un grito de alerta
La Justicia Sonia Sotomayor, con una decisión poco común, se vio obligada a leer su opinión dissenting en el caso Mullin v. Doe, donde una mayoría conservadora, cuidadosamente construida, prácticamente anula el TPS. Sam Alito, con un leve empujón de Elena Kagan –un gesto que dice mucho sobre el clima en la sala–, justificó la decisión con la flagrante desestimación de cualquier motivación racial en la exclusión de estos migrantes, llegados a EEUU tras un devastador terremoto.
La defensa de los demandantes ha encontrado un nuevo y poderoso argumento: la discriminación racial como motor principal de la decisión. El precedente de Arlington Heights v. Metropolitan Housing Development Corp, establece el estándar para evaluar este tipo de acusaciones, exigiendo demostrar que un “propósito discriminatorio” fue “un factor motivador” en la eliminación del TPS. Un factor, crucialmente, no debe ser la única razón, ni siquiera la predominante, sino uno entre muchos.

Las palabras del presidente: un torrente de insultos y prejuicios
La evidencia presentada por los demandantes ha sido contundente: las declaraciones del Presidente, tan repugnantes y cargadas de prejuicios que la mayoría de la Corte se niega a reproducirlas íntegramente. Es suficiente recordar –y es una lástima que no lo hagan– las palabras que han circulado: ‘están comiendo los perros y los gatos’, ‘están comiendo otras cosas que no deberían’, ‘probablemente tienen SIDA’, ‘Haití es un agujero’, ‘un país asqueroso y sucio’. La comparación con la retórica del actual Presidente, en contraste con la respetuosa y cuidadosa postura de la mayoría, es demoledora. Un ataque directo y brutal contra una comunidad entera.

Más allá de la jurisprudencia: una crisis moral
Pero la batalla no termina ahí. El fallo de la Corte no solo pone en peligro a miles de migrantes haitianos, sino que abre una puerta peligrosa: la normalización de la discriminación racial en la justicia. La decisión de la administración Trump, que busca desmantelar las leyes de protección a personas con discapacidad, es un espejo de esta tendencia preocupante. La intervención de Lanora Pettit, proveniente de la oficina legal de Ken Paxton en Texas, –un epicentro de ideas políticas retorcidas–, es una señal de alarma. La defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como la de los migrantes haitianos, no es una cuestión de
